EL DEFENSOR ABRE UNA QUEJA DE OFICIO POR LA ZONA ARQUEÓLOGICA.

HUELVA INFORMACIÓN

Requerirá a Cultura información sobre las actuaciones realizadas desde su declaración

Maquinaria pesada realizando en diciembre pasado el movimiento de tierras en cuatro parcelas del yacimiento protegido Seminario-La Orden.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio al objeto de conocer el estado de protección de la Zona Arqueológica de Huelva, declarada como tal por Orden de la Junta de Andalucía, en el año 2001, a raíz del expolio registrado en el yacimiento Santa Marta-La Orden del pasado mes de diciembre. Fuentes de la Defensoría informaron a Efe de que la queja se ha incoado ante la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva, a fin de conocer determinados aspectos relacionados con la protección de los yacimientos y las labores de intervención que se hayan realizado hasta el momento.

En el texto de la queja se precisa, en relación con el yacimiento expoliado, que según indica la Orden de 14 de mayo de 2001, "en 1998 se llevó a cabo en este sector una intervención arqueológica de urgencia, documentándose una estructura de almacenamiento de época islámica. También se recogieron materiales de la Edad del Cobre". Según informaciones posteriores, en la zona se encontraron en 2006 millares de estructuras arqueológicas con vestigios desde la prehistoria, así como dos conjuntos de ídolos -con 29 estatuillas en total- datados en torno al tercer milenio antes de Cristo, estándose a la espera, desde entonces, de los permisos de excavación del yacimiento.

El expolio fue conocido a raíz de que el 12 de enero una denuncia a cargo de un arqueólogo alertaba de una serie de movimientos de tierras en la zona de Santa Marta-La Orden que habrían supuesto "rebaja del terreno de hasta cinco metros, en cuatro parcelas de restos arqueológicos, alguno de ellos acreditados como necrópolis de 5.000 años de antigüedad".


Según el Defensor, los informes elaborados a partir de ese momento "describen sencillamente una perfecta devastación del yacimiento"; la denuncia fue presentada ante el Seprona y ahora se encuentra sometida a los trámites judiciales correspondientes. Más allá de las actuaciones que dé lugar la instrucción, interesa al Defensor conocer las actuaciones previas de la autoridad cultural en orden a las previsiones establecidas desde que fueron declarados e inscritos como tales yacimientos. A la luz de los acontecimientos, precisan desde la Defensoría, resulta de especial interés conocer "las medidas de protección establecidas y la capacidad de respuesta y reacción de la autoridad cultural para impedir supuestos de agresiones y expolios de la envergadura como la que se ha descrito".